Pretenden presentar ambas actividades como moralmente legítimas y que se normalice su ejercicio en España.
Los nuevos requisitos impuestos por la Comisión Europea a los países sometidos a su dirección de computar las drogas y la prostitución en la contabilización del PIB como primer paso para legalizar ambas actividades económicas llegan a la política española no sin ciertos precedentes que podrían terminar por sentar cátedra después de tantos años de insistencia y debate.
Al anuncio de "modernizar" el cálculo de las cuentas públicas de los países miembros de la Unión Europea, cambiando el antiguo sistema de 1995 por el 2010, se suma la reciente propuesta de la Organización Profesional de Inspectores de Haciencia del Estado de llegar a permitir la prostitución y el tráfico de drogas para cosechar más impuestos y equilibrar unas cuentas públicas que resisten en un déficit estancado por encima del 5% por la falta de eficacia y contundencia de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, ambas noticias no caen como hechos aislados en un panorama totalmente adverso a dichas ideas, sino en un caldo de cultivo abierto a ellas, tenue pero trabajado por las ideologías liberales, socialistas y comunistas, y sus diversas formaciones políticas.
En la cuestión de que la droga pueda venderse como un producto normal más y de que la prostitución sea considerada como un trabajo igual que cualquier otro, comunistas, socialistas y liberales se mantienen unidos en un mismo frente.
Respecto al tráfico de drogas, en el año 2012, pasadas las elecciones generales, UPyD a través de su diputado Toni Cantó propuso "abrir el debate" sobre su legalización. Igualmente, este partido presentó junto con el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante la regularización de "clubes de cannabis" y, aunque la formación socialista se ha posicionado por el momento oficialmente en contra, el mismo Felipe González también declaró que sería una buena decisión para luchar contra el narcotráfico.
A UPyD y a algunas voces disidentes del PSOE con cierto peso, se añade igualmente IU, formación que un año antes llevaba en su programa electoral un proyecto de legalización de la marihuana y despenalización del consumo de drogas, y que en los sucesivos años, hasta este último 2014, ha continuado con su campaña de propaganda, llegando incluso a ampararse en el ejemplo del capitalista Estados Unidos donde ya se comercializa en muchas zonas aportando ingresos a la Administración.
Otros partidos políticos más anecdóticos como el PCE y el P-Lib también se sitúan en la misma posición. El último, que se presenta además como defensor del ideario liberal de intelectuales como Friedrich A. von Hayek o el judío Ludwig von Mises, considera la prohibición de las drogas como un grave atentando al libre mercado por ideas de corte "colectivista-socialista", llamando poderosamente la atención que sus compañeros en estas peticiones son precisamente de este corte ideológico.
Sobre el servicio de sexo a cambio de dinero, el P-Lib, según consta en su programa electoral, "considera que la prostitución es una profesión tan legítima como cualquier otra", e incluso algunos de sus simpatizantes, como el economista de la Escuela Austriaca Jorge Valín, han defendido en varias ocasiones la legalización de la prostitución infantil. Por su parte, UPyD ha propuesto su regularización amparándose en la necesidad de dotar a la actividad de "seguridad jurídica".
Sobre este punto quizás las formaciones de izquierda, aunque con su aprobación generalizada, se muestran más sensibles. IU, por ejemplo, declaró en 2010 estar en contra de su legalización. ERC en 2012 sacó a la palestra un "Plan Integral sobre Prostitución" para permitir ejercerla voluntariamente "protegiendo las libertades y los derechos" de los interesados pero a la vez luchando contra el abuso de los proxenetas. Y el PCE, mediante su Secretaría de la Mujer, dijo que no había que penar a las mujeres por ejercer estas prácticas y sí perseguir a los que se lucran a su costa.
Fuente sacada: www.negocios.com
