Los consumidores de cannabis agrupados en clubes sociales dan un paso hacia la regularización de su actividad, hasta ahora envuelta en un limbo legal. A comienzos de diciembre, entra en vigor en Donostia una ordenanza que regulará la ubicación y el funcionamiento de la veintena de clubes sociales que existen en la localidad y de los nuevos que se intenten abrir. San Sebastián se convierte así en la primera ciudad del Estado con una normativa municipal de este tipo que, dicho sea de paso, ya se está tomando como modelo para redactar ordenanzas similares en otras ciudades. Entre otras cuestiones, la norma de Donostia, que se ha elaborado con la colaboración de asociaciones cannábicas, restringe la apertura de estos clubes cerca de colegios y centros de salud, prohíbe la entrada a los menores de 18 años y fija un horario de apertura de 8.00 de la mañana a 22.00 horas de la noche. A esta ordenanza se le unirá en próximas fechas la futura Ley vasca de Adicciones, que también ha prometido la regulación de estos clubes.
La ordenanza de Donostia forma parte de las acciones del plan de Dependencias 2013-2015 del Ayuntamiento de San Sebastián. Como explica el concejal de Servicios Sociales, Jon Albizu (Bildu), el objetivo de esta normativa es «limitar los riesgos asociados a las dependencias y, por otro, garantizar los derechos tanto de las personas consumidoras como de las de quienes no lo son». En este sentido, el texto alude a garantizar que los locales eviten «todo tipo de molestias al vecindario».
En la elaboración de la ordenanza, que ha contado con el respaldo por unanimidad de todos los grupos del Ayuntamiento, han participado clubes de consumidores de cannabis, principalmente los encuadrados en la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis del País Vasco (Eusfac). «El objetivo que nos pidieron los clubes cannabis era la necesidad que tenían de reconocimiento institucional de su existencia y, por otro, la regulación de sus espacios, porque se encontraban en un limbo legal», añade Albizu.
El concejal admite que «desde el punto de vista jurídico, las posibilidades de regulación municipal eran reducidas, salvo desde el prisma urbanístico y la concesión de licencias de actividad».
Con estos mimbres, se trabajó en una ordenanza que fue aprobada a finales de octubre en el Pleno municipal y que, tras ser publicada en el boletín oficial de Gipuzkoa el pasado 13 de noviembre, entrará en vigor a los 15 días hábiles, es decir, el 5 de diciembre.
Con licencia de actividad
La ordenanza recoge que los clubes sociales de cannabis son «asociaciones sin ánimo de lucro que se autoabastecen y distribuyen cannabis entre sus propios socios -consumidores terapéuticos y lúdicos- todos mayores de edad y en un ámbito privado, reduciendo daños asociados al mercado clandestino y a determinados usos del cannabis».
En la actualidad, 21 clubes de consumidores cannábicos figuran en el registro del Gobierno Vasco si bien, según fuentes de Eusfac, estarían activas 17. En todo Euskadi se contabilizan 84 clubes -que agrupan a cerca de 11.000 usuarios-, de ellos 40 en Gipuzkoa.
La ordenanza detalla que la apertura de un local con destino a club social de cannabis deberá estar sujeta a la obtención de una licencia municipal de actividad, además de estar inscrito en el registro de asociaciones de Euskadi. Estas licencias se podrán solicitar a partir del próximo 5 de diciembre.
El texto se centra en la ubicación de los clubes a los que, a efectos urbanísticos y ambientales, les atribuye un uso recreativo terciario. En este sentido, detalla que los locales «en ningún caso» se podrán localizar «en plantas primera o superiores de edificios residenciales».
También se prohíbe su ubicación a menos de 300 metros de centros educativos (ikastolas y colegios) y centros de salud. Además, se veta la apertura en cualquiera de los lugares en los que se prohíbe fumar, como galerías comerciales, instalaciones deportivas... Por último, se fija una distancia mínima de 500 metros entre locales, aunque no afectará a los clubes ya abiertos.
La nueva ordenanza impide la entrada de menores de edad al club social de cannabis y prohíbe cualquier actividad, «salvo las de mantenimiento y limpieza» del local, «fuera del horario máximo de apertura, que queda fijado entre las 8.00 y las 22.00 horas». Además, veta la publicidad de la actividad y la «transmisión de cannabis a personas que no sean socias del club» ni de material «que no provenga de los procedimientos de abastecimiento del club, fundamentalmente de la producción propia».
La normativa contempla sanciones de hasta 1.500 euros en el caso de las infracciones graves, como permitir la entrada de menores o transmitir cannabis a no socios.
En virtud de la ordenanza, el Ayuntamiento desarrollará un registro de clubes de cannabis. Además, en el plazo de seis meses, en colaboración con las asociaciones, elaborará un manual de buenas prácticas en el que se recogerán, entre otros aspectos, la organización interna del club, como la «autoorganización y diseño de los cultivos asociativos y las condiciones del protocolo para el transporte del cannabis».
Donostia, modelo a seguir
La normativa de Donostia es la primera de este tipo que entra en vigor en el Estado. «No teníamos referencias en ninguna parte del Estado, por lo que hemos experimentado una nueva regulación que, con el tiempo, seguramente será tendrá cosas que mejorar. Pero es un primer paso hacia un reconocimiento de derechos », admite.
Ciudades como Girona están elaborando su propia ordenanza, tomando como base el texto de Donostia. No obstante, en este caso, la Federación Catalana de Asociaciones Cannábicas, CatFAC, ha calificado la ordenanza de desmesurada. «También nos pidieron la ordenanza desde Alicante. En el mundo cannábico, Donostia se ha vuelto el centro para muchos ayuntamientos de cosas que se pueden hacer en el ámbito local y así ayudar en la normalización del cannabis», añade Albizu, que recuerda que está pendiente la regulación con una Ley vasca.
La ordenanza echará andar con «un período de transición de seis meses», periodo que servirá para evaluar su desarrollo. A pesar de que en su elaboración se ha contado con la participación de los clubes, también hay colectivos que no ven con buenos ojos el resultado de la ordenanza. «Todo lo que sea reconocimiento de derechos implica reconocimiento de obligaciones y no siempre es bienvenido este reconocimiento con el mismo fervor», añade el concejal Jon Albizu.
